En un país donde la corrupción ha sido históricamente uno de los mayores obstáculos para el desarrollo, el acceso a la información pública es mucho más que un derecho: es una herramienta indispensable para el control ciudadano y la rendición de cuentas.
La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prende las alarmas.
¿Estamos dispuestos a sacrificar la transparencia en nombre de la austeridad?, es la pregunta.
El argumento principal del gobierno federal para eliminar al INAI, es que sus funciones pueden ser absorbidas por otras dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), por ejemplo.
Dicen que mantener un organismo autónomo representa un gasto innecesario.
Pero, detrás de este discurso hay una preocupación más profunda: la desaparición del INAI no sólo pone en riesgo el acceso ciudadano a la información, sino también la independencia y eficacia de la fiscalización pública.
La autonomía del organismo ha sido fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan obtener información crítica sobre el uso de recursos públicos.
Yo, personalmente, utilizo la Ley de Transparencia desde antes de 2010 para lograr información, como la compra de los helicópteros Agusta en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas; número de despedidos; fraudes de entrega de cheques, por ejemplo.
Sin esta herramienta, hubiera sido casi imposible saber el gasto oneroso de dos aeronaves (una la mantenían oculta).
Así, muchas de las investigaciones periodísticas que han destapado casos emblemáticos de corrupción comenzaron con una solicitud de acceso a la información.
Sin un árbitro imparcial, ¿cómo garantizar que las dependencias gubernamentales no se conviertan en juez y parte al decidir qué información compartir y cuál reservar?
Más allá de la transparencia, también está en juego la protección de los datos personales.
En un mundo cada vez más digitalizado, el INAI regula el manejo de información sensible tanto en el sector público como en el privado.
Su desaparición abriría la puerta a abusos, como el uso indebido de datos con fines comerciales o electorales, dejando a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Pero la medida podría tener repercusiones internacionales, especialmente en el cumplimiento de tratados como el T-MEC (Libre Comercio), que obliga a los firmantes a garantizar la protección de datos personales y la transparencia.
Reformar al INAI para hacerlo más eficiente puede ser una discusión válida, pero eliminarlo es un claro retroceso que no solo debilitaría la confianza ciudadana, sino también los mecanismos que nos permiten exigir cuentas a quienes administran el poder y los recursos.
Está en juego nuestra capacidad como sociedad para vigilar a nuestros gobernantes, proteger nuestra privacidad y defender los derechos conquistados en materia de transparencia.
La pregunta no debería ser si podemos darnos el lujo de mantener al INAI, sino si podemos darnos el lujo de perderlo.
Ahora el Senado tiene la pala para terminar el entierro y todo indica que lamentablemente lo hará.
Tiempo al tiempo.
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