El gobernador electo, Alejandro Armenta, se dijo a favor de llevar a cabo foros para consultar la iniciativa de reforma para que las violaciones en Puebla sean castigadas con la castración química, que él mismo planteó la semana pasada.
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En conferencia de prensa, indicó que su propuesta es resultado de foros celebrados en el Senado de la República, cuando fue legislador, y señaló que tuvieron diálogo con organizaciones que atienden a niñas y niños víctimas de delito.
Sin embargo, la propuesta fue criticada en redes sociales por activistas, quienes aseguraron que se trata de una medida “populista”, que además va en contra de los derechos humanos de las personas.
“Yo estoy convencido de que es la oportunidad de abrir un foro para el debate, hay que debatirlo, es una iniciativa que surge del sufrimiento de miles de madres de familia que vivieron la tragedia de la violación de un menor”, argumentó.
“(La castración química) es un proceso que consiste en frenar la producción de la testosterona, hormona sexual masculina, que está distribuida en un 90% en los testículos y el 10% restante en las glándulas suprarrenales, por lo tanto disminuye la conducta sexual del hombre”, defendió.
El próximo mandatario explicó que no se trata de una mutilación a los hombres, sino una medida para disminuir el impulso sexual de los violadores.
“¿Cuál es el sufrimiento que va a tener un violador con una inyección en comparación con una mujer violada con un niño violado con una niña violada? (…) a los que están en contra, yo les preguntaría ¿qué harían ellos si sufrieran la violación en su persona, en una hermana, en su madre o en una hija?”, sentenció.
Dijo que este tipo de procedimientos se aplican en España, en la India, en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Rusia, Polonia. Además, felicitó a la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, “por actuar con autonomía”.
Toda vez que este lunes 18 de noviembre, la Ombudsperson afirmó que la CDH tramitaría una acción de inconstitucionalidad, en caso de que la reforma al Código Penal local fuera aprobada por el Congreso.
En entrevista, puntualizó que estaba dispuesta a responder por los derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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