La militarización de la seguridad pública en México ha transformado las dinámicas entre los distintos niveles de gobierno, especialmente en el ámbito local. Lo que comenzó como una medida temporal para enfrentar al crimen organizado se ha convertido en una estrategia permanente, donde militares asumen roles tradicionalmente reservados a las policías civiles. Sin embargo, esta transición ha generado tensiones y desafíos que afectan tanto la gobernabilidad como la confianza ciudadana en las instituciones locales.
1. Policías bajo presión: Dignificación postergada
En México, la falta de profesionalización de las policías municipales y estatales es un problema estructural. A pesar de los esfuerzos por descentralizar la seguridad pública y fomentar la proximidad social, muchas corporaciones locales carecen de recursos y capacitación adecuada.
Esto ha llevado a una dependencia creciente hacia las fuerzas armadas para mantener el orden, diluyendo la responsabilidad institucional y frenando el fortalecimiento de cuerpos civiles.
Los datos revelan que uno de cada tres municipios en México no tiene capacidad propia para mantener una policía operativa, y la Guardia Nacional se ha convertido en el primer recurso de apoyo. Sin embargo, esta solución ha traído sus propios problemas. La presencia militar en tareas civiles se ha asociado con un aumento en las denuncias de abuso, lo que genera desconfianza en la ciudadanía y desgaste en las instituciones locales.
2. El costo de la coerción: Derechos humanos y gobernabilidad
Las cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, muestran que el 35% de las personas detenidas en México reportaron haber sufrido tortura, tanto por militares como por policías. Este dato refleja una cultura institucional que prioriza la coerción sobre la prevención. Las autoridades locales, muchas veces forzadas a aceptar la intervención de fuerzas militares, se encuentran en una posición difícil: dependen de una estrategia que erosiona la confianza pública, pero carecen de alternativas viables a corto plazo.
El desafío se agrava con la llegada de militares a puestos directivos en las secretarías de seguridad pública estatales, donde la lógica castrense permea las dinámicas operativas y dificulta la implementación de enfoques orientados a la prevención.
Este fenómeno, conocido como “policiación” del Ejército, implica la adopción de prácticas punitivas en detrimento de la construcción de confianza comunitaria, esencial para la gobernabilidad local.
3. Centralización versus autonomía local
El proceso de militarización también ha implicado una recentralización del control sobre la seguridad pública, limitando la capacidad de los gobiernos locales para diseñar e implementar sus propias estrategias. Las decisiones se toman desde el nivel federal, lo que genera tensiones entre los gobiernos locales y las autoridades centrales. Esta concentración del poder contrasta con las necesidades de los municipios, que requieren soluciones adaptadas a sus contextos específicos.
4. El camino hacia un nuevo modelo de seguridad
Frente a este escenario, las autoridades locales deben asumir un rol más activo en la redefinición de la seguridad pública. Es urgente fortalecer las policías municipales y estatales mediante la profesionalización, la mejora de sus condiciones laborales y la dignificación de su función. Solo así será posible reducir la dependencia de las fuerzas armadas y recuperar la confianza ciudadana.
Además, la coordinación entre fiscalías, servicios de emergencia y corporaciones locales debe ser priorizada para evitar que los esfuerzos se diluyan por la falta de articulación institucional. La apertura hacia modelos de participación ciudadana puede ser una herramienta clave para supervisar y legitimar el trabajo policial, fomentando la transparencia y el control democrático de la seguridad.
5. Conclusión: Gobernar con y para la gente
Las autoridades locales enfrentan un dilema complejo: garantizar la seguridad sin comprometer los principios democráticos. La militarización ha mostrado sus límites y costos, por lo que es necesario explorar alternativas que fortalezcan las instituciones civiles desde la base. El reto no es solo de eficiencia operativa, sino de reconstrucción del vínculo entre ciudadanos e instituciones. Gobernar con y para la gente requiere políticas de seguridad que prioricen la confianza, la transparencia y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales de un México más seguro y democrático.
Desde las antípodas, seguiremos de cerca las experiencias que existen en los gobiernos locales; como el caso de Puebla, que más de 20 municipios, formalmente tendrán mandos marinos y militares al frente de sus secretarias de seguridad pública y, en el ámbito estatal también, un vicealmirante será quien encabece la lucha por recuperar la seguridad y la paz.
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