La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional que establece su incorporación definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eliminando así su carácter civil. Con esta reforma, la Guardia Nacional pasará a estar bajo control militar, marcando un cambio significativo en la estructura de seguridad pública en México.
La legislación también contempla que elementos militares con licencia especial puedan ocupar cargos de elección popular o desempeñar funciones en los tres niveles de gobierno. Esta disposición busca facilitar la movilidad de personal castrense hacia responsabilidades civiles o políticas, sin perder su vínculo con las fuerzas armadas.
La iniciativa fue respaldada por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes argumentaron que la medida fortalecerá la seguridad nacional y dotará de mayor eficacia a las tareas de protección ciudadana.
Por otro lado, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la reforma, señalando que representa un paso hacia la militarización del país. Advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, la privacidad de los ciudadanos y el equilibrio democrático en México.
La aprobación de esta ley ha generado un intenso debate público y político, ya que implica una reconfiguración profunda del modelo de seguridad y plantea nuevos retos en materia de derechos humanos y gobernabilidad.
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