Bolivia atraviesa una profunda crisis económica marcada por una escasez prolongada de combustible y una inflación creciente, justo cuando el presidente Luis Arce anunció que no buscará la reelección en unos comicios previstos para agosto .
En los últimos meses, el desabasto de gasolina y diésel ha desencadenado largas filas en gasolineras de ciudades como El Alto, rutas bloqueadas y retrasos en cadenas alimentarias rural‑urbanas, lo que ha elevado el costo de productos básicos y alimentarios hasta en un 8 % . Agricultores han advertido que la falta de diésel amenaza la temporada de siembra y la producción de alimentos.
Las presiones derivadas de esta crisis económica, en paralelo con tensiones políticas internas, llevaron al presidente Arce a descartar su candidatura para el periodo 2025–2030, en un intento por evitar fragmentar la izquierda y ceder espacio a los partidos de oposición. En su lugar, el Movimiento al Socialismo (MAS) impulsará al actual ministro del Interior, Eduardo del Castillo, como su candidato.
El repliegue de Arce expone la desconfianza social hacia su gobierno: una combinación de depreciación del peso boliviano, agotamiento de reservas en dólares y creciente endeudamiento ha deteriorado la legitimidad del Ejecutivo. Mientras tanto, la depreciación del boliviano y el control limitado del mercado cambiario han empeorado el acceso a divisas.
El retiro de Arce y la crisis económica posicionan a figuras como Evo Morales, Andrónico Rodríguez, y líderes de derecha como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, como principales contendientes en la carrera presidencial. En este contexto, la economía, en particular la disponibilidad de combustible y el alza del costo de vida, se perfila como el eje central del debate electoral, en medio de bloqueos y movilizaciones que expresan el malestar social.
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