Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron modificaciones sustanciales a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, reforzando el marco legal antilavado en México con el respaldo del GAFI.
La senadora Liz Sánchez, del PT por Puebla, informó en el pleno de comisiones que la reforma responde a las observaciones emitidas desde 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional: amplía la vigilancia sobre profesiones vulnerables, introduce el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP), y fortalece la detección de operaciones irregulares.
Entre los cambios más destacados está la ampliación de actividades susceptibles de supervisión, incluyendo bienes raíces, activos virtuales, fideicomisos y servicios notariales; además, se faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas vinculadas a terrorismo o lavado sin necesidad de orden judicial.
La senadora Sánchez explicó que el dictamen introduce sanciones más severas, mecanismos proporcionados al nivel de riesgo, y criterios de vigilancia diferenciada para entidades de bajo impacto, como organizaciones civiles, con el fin de equilibrar la protección de derechos y la efectividad en la prevención.
Legisladores de oposición, entre ellos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, manifestaron su inquietud sobre posibles abusos en la vigilancia financiera y la privacidad de datos ciudadanos. Sin embargo, el dictamen incorporó ajustes para limitar el acceso sin orden judicial, en un intento de equilibrar seguridad y derechos civiles.
Con esta aprobación en comisiones, la reforma se encamina a ser votada en el pleno del Senado. Su aprobación definitiva colocaría a México en una posición más sólida ante evaluaciones internacionales y reforzaría su capacidad para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, consolidando un sistema financiero más transparente y confiable.
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