La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha sido históricamente un semillero de pensamiento crítico y lucha estudiantil. Desde los carolinos de 1961 hasta las movilizaciones de 1968 y 2020, los universitarios han alzado la voz por causas justas.
Pero lo que hoy ocurre con el paro indefinido en Ciudad Universitaria y otras sedes no es una muestra de resistencia, sino de cerrazón.
El movimiento surgió con denuncias válidas: irregularidades en la asignación de plazas para prácticas en la Facultad de Medicina, acusaciones de acoso y exigencias de mejores condiciones académicas. Sin embargo, lo que pudo ser una protesta con resultados concretos se ha convertido en un callejón sin salida debido a la intransigencia de los paristas.
La rectora Lilia Cedillo Ramírez y la Comisión Institucional de Diálogo han abierto canales de negociación, han ofrecido mesas de trabajo y han solicitado el pliego petitorio.
Pero los paristas se negaron muchas semanas a entregarlo y, peor aún, bloquearon la entrada a Ciudad Universitaria para impedir cualquier intento de diálogo formal.
En una escena digna del absurdo, quienes exigen respuestas rechazan los espacios para obtenerlas.
Por eso mismo, ya hay una división entre el estudiantado, entre quienes si quieren regresar y frenar el conflicto y los que se aferran a seguir en paro.
El paro ya rebasó los límites de lo razonable.
La comunidad universitaria está fracturada: miles de estudiantes que quieren regresar a clases ven secuestrado su derecho a la educación, mientras que la incertidumbre crece entre los aspirantes que podrían perder su oportunidad de ingresar a la BUAP este año.
Incluso dentro del movimiento, hay divisiones: un sector propone un “paro activo” para permitir la reanudación de clases sin abandonar las exigencias, pero los paristas más radicales no ceden.
El derecho a la protesta es innegable, pero también lo es el derecho a la educación.
Cuando una causa justa se convierte en un chantaje sin vía de solución, deja de ser un movimiento legítimo y se convierte en un obstáculo para el bien común.
La BUAP no puede seguir rehén de una postura inamovible que solo desgasta su prestigio y su comunidad.
La universidad pertenece a todos y no puede ser tomada como botín de intereses particulares.
La prolongación del paro también pone en riesgo la admisión de nuevos estudiantes, afectando a miles de jóvenes que esperan ingresar a la institución.
Además, el desgaste emocional y académico de quienes sí desean continuar con sus estudios se vuelve cada vez más evidente.
Es momento de que los paristas demuestren verdadera responsabilidad y madurez política.
Si de verdad buscan cambios, deben negociar soluciones.
Porque mantenerse en la cerrazón no es rebeldía: es simple y llana necedad.
Tiempo al tiempo.
Por Jorge Castillo
Editora: Socorro Juárez
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