La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado un posible daño patrimonial por más de 75.2 millones de pesos en la Secretaría de Salud del estado de Puebla durante la gestión de Araceli Soria Córdoba, quien asumió el cargo en julio de 2023 tras la renuncia de José Antonio Martínez García.
Estas irregularidades fueron detectadas en el marco de la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, publicada el pasado 20 de febrero.
El informe señala que el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado en ese periodo por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, recibió dos recomendaciones, dos acciones de promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres pliegos de observaciones. Estas observaciones suman un monto total de 75 millones 285 mil 485 pesos.
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Entre las principales irregularidades detectadas por la ASF, se encuentra la falta de documentación comprobatoria sobre la entrega de bienes adquiridos para el equipamiento y ampliación de la unidad de Oftalmología del Hospital General de Cholula. Este proyecto, operado bajo el esquema del IMSS-Bienestar, fue inaugurado en febrero de 2024 por Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el director del IMSS, Zoé Robledo. La omisión en la documentación representa un presunto daño patrimonial de 69 millones 984 mil 691 pesos.
Además, la ASF detectó un posible desfalco por 4 millones 878 mil 600 pesos debido a la adquisición de monederos electrónicos para el personal de honorarios y médicos residentes, mismos que fueron entregados tras el paso de la pandemia de Covid-19, sin embargo, la compra habría sido realizada fuera de las normas establecidas en la Ley General de Salud.
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Otra observación relevante se relaciona con el pago indebido de 422 mil 193 pesos a dos personas que fueron ingresados como servidores públicos del gobierno del estado, pero que no cumplían con los requisitos académicos necesarios para desempeñar funciones de Soporte Administrativo dentro de la Secretaría de Salud.
Como resultado de estos hallazgos, el Gobierno del Estado de Puebla está obligado a solventar las observaciones emitidas por la ASF y justificar el uso de los recursos señalados. En caso de no hacerlo, podrían derivarse responsabilidades administrativas o incluso penales para los funcionarios involucrados en la gestión de estos recursos públicos.
Editora: Socorro Juárez
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