viernes , 5 septiembre 2025
El gobernador Alejandro Armenta advirtió que revisará las concesiones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), a fin de saber si pueden obligar a los concesionarios a renovar las unidades. Foto: Alejandro Cortés/Archivo
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Revisará Armenta si RUTA está obligado a renovar unidades

El gobernador Alejandro Armenta advirtió que revisará las concesiones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), a fin de saber si pueden obligar a los concesionarios a renovar las unidades.

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Así lo expresó en conferencia de prensa, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de renovar el parque vehicular, toda vez que ya se cumplieron 12 años de que se implementó la primera línea, en 2013.

El mandatario afirmó que algunos contratos, como el de RUTA, están hechos “para beneficiar a la corrupción”. Cabe recordar que esta obra fue hecha en el sexenio del fallecido gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

La inversión de este transporte sería incosteable de no ser por el subsidio del Gobierno estatal, mismo que fue impuesto desde el inicio de su operación.

Ante esto, Alejandro Armenta recriminó que la administración morenovallista contrató expertos que “dejaron amarrados jurídicamente” los contratos, lesionando el Estado.

Foto: Especial.

Sobre las unidades del RUTA, el gobernador reiteró que son subsidiadas por el Gobierno estatal, y calificó algunas unidades como “chatarra”, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas usarias.

“Tenemos que revisar el contrato, el convenio, porque el convenio está hecho por el viejo régimen, ya saben a quiénes me refiero, para que beneficiara a los empresarios”, sentenció.

Enumeró las artimañas con las que gobiernos pasados endeudaron al estado a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP).

Ejemplo de ello es el Museo Internacional Barroco (MIB), que generó una deuda de 14 mil millones de pesos al Estado, mismos que no han sido terminados de pagar.

Además, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solapó algunos “contratos leoninos” y apoyó la imposición de multas millonarias a la administración estatal en caso de cancelarse.

“Si nosotros actuamos jurídicamente, para cancelar un contrato leonino que se inició en el viejo régimen (…) la sanción es multimillonaria”.

Editor: Fabián Sánchez

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