La Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Privada del estado, para que el personal de las empresas de seguridad privada sea sometido a pruebas de control de confianza.
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Se trata de una modificación enviada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con la cual será un requisito para ingresar y permanecer como prestador de servicios de seguridad privada:
“Someter al personal técnico y operativo a su cargo, a procedimientos de evaluación y control de confianza”, además que apruebe los procedimientos de evaluación y control de confianza.
En caso de que se incumplan dichas obligaciones, las empresas tendrán una amonestación pública, con difusión en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Si reinciden, se aplicará una multa de 500 hasta 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, desde 54 mil 285 pesos hasta 542 mil 850 pesos, al 2024.
Si reincidieran por segunda vez, se sancionará con la revocación de la autorización, revalidación o modificación otorgadas. La diputada Guadalupe Vargas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que esta ley es favorable porque en seguridad pública sí existen esos controles de confianza.
La iniciativa detalla que de los 4 mil 659 elementos de seguridad pública, sólo el 14.1% cuentan con el certificado aprobado de evaluación de control y confianza. Esto, de acuerdo al Registro Estatal de Seguridad Privada.
Actualmente la ley local señala como causa de revocación de la autorización para la prestación del servicio de seguridad privada, mantener activo a personal sin certificación y evaluación de control de confianza.
En Puebla, 247 empresas de seguridad privada están certificadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Así lo indicó el extitular de dicha dependencia, Iván Cruz Luna durante su informe de labores en el pasado mes de noviembre.
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