El Pacto Social de Integración (PSI) fue desde su inicio liderado por Carlos Navarro Corro, quien falleció el pasado 2 de julio, por lo que su hija, la diputada federal, Nadia Navarro Acevedo, se convirtió en la nueva dirigente. De esta forma, este partido político familiar le ha costado a las y los poblanos más de 137 millones 70 mil 740 pesos.
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De acuerdo con la información del Instituto Electoral del Estado (IEE) y registros hemerográficos, obtuvo en 2013, un millón 971 mil 113 pesos; en 2014, 3 millones 596 mil 75 pesos; en 2015, 12 millones 50 mil 554 pesos; en 2016, 19 millones 517 mil 542 pesos; y en 2017, 14 millones 362 mil 247 pesos.
En 2018 recibió 21 millones 96 mil pesos, en 2019, 4 millones 783 mil 455 pesos; en 2020, 5 millones 6 mil 992 pesos; en 2021, 6 millones 910 mil 364 pesos; en 2022, 18 millones 500 mil; en 2023, 18 millones 170 mil; y para este 2024, 11 millones 107 mil 390 pesos.
Previo a su fundación, el fallecido líder partidista fue secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI y secretario técnico del Movimiento Territorial. Incluso, formó parte del Frente Estatal por la Democracia.
En 2006, dicho frente se convirtió en el partido Esperanza Ciudadana, el preámbulo del PSI. El registro llegó a tribunales, pues algunos partidos afirmaron que era un “satélite” del PRI, ya que lo habría impulsado el exsecretario de Gobernación del gobernador Mario Marín Torres, Javier López Zavala. Por ello, en 2013 creó el partido Pacto Social de Integración (PSI) y desde entonces se mantuvo en la dirigencia.
Este instituto político ha tenido entre sus filas a alcaldes que fueron procesados por la justicia poblana, toda vez que se les han encontrado nexos con actividades delictivas como el huachicol. Incluso, algunos de sus presidentes municipales han sido encarcelados.
Sus polémicos políticos
En 2019, postuló para la alcaldía de Quecholac a Alejandro Martínez Fuentes, hermano del presunto líder huachicolero conocido como “El Toñín”. En 2021, incluso, fue reelegido, pero poco después, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo aprehendió por una investigación en su contra por presuntos hechos delictivos durante sus funciones como servidor público.
En las elecciones de este 2024, el PSI postuló a la hija del presunto capo huachicolero, Guadalupe Martínez; previo a la campaña, su padre lanzó transmisiones en vivo amenazando a los medios de comunicación por supuestas calumnias.
En 2017, el exalcalde de Palmar de Bravo fue detenido por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Era dueño de gasolineras, al parecer, abastecidas con combustible robado.
Otro presidente controversial fue Pablo Pérez Maceda, exalcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, en la misma zona de El Triángulo Rojo. Durante su administración, fue evidenciado por utilizar las patrullas de la Policía Municipal para resguardar mercancía de su empresa.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su destitución, pues incumplió con una sentencia de amparo.
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