Desde el inicio de los debates de la Reforma al Poder Judicial, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del equipo de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, mostraron una inusitada indiferencia traducida en posturas tibias, facciosas y acomodaticias.
Lo resuelto por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en el sentido en el que determinó que es constitucionalmente inviable suspender el desarrollo del proceso electoral extraordinario del PJF 2024-2025, confirma lo que se ha señalado: la facción encabezada por los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera en el Tribunal Electoral se encuentra en tesitura con los intereses del partido en el poder.
Ellos están con la resolución de De la Mata Pizaña quien determinó que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. De esta manera, la opinión positiva al INE exhibe la tibieza y la decisión tomada desde lo conveniente de una expresión política y no técnica.
El Tribunal Electoral, a ojos de los juzgadores en lucha contra la Reforma Judicial, es un ente politizado, entregado al partido en el poder y con decisiones blandas. Hay magistrados que emiten opiniones y resoluciones de chocolate o descafeinadas. Lo que le consultó el INE fue qué opina el Tribunal sobre si puede o no continuar en virtud de las suspensiones de amparo, lo que resolvió, en esa misma naturaleza, fue una opinión y no tiene que ver con las suspensiones.
Ahora, el país a lo que se enfrentará en 2025 es a una elección de juzgadores y con ello a disminuir la calidad de la justicia. La desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes del Poder Judicial.
Y es que el Tribunal Electoral se convirtió en el esquirol dentro del movimiento de juzgadores opositores a la reforma. La magistrada Mónica Soto se dedicó a deslindarlo de las decisiones y marcar distancia del Consejo de la Judicatura.
Ahora, lo que viene para el próximo año, apoyado por autoridades electorales, son decisiones judiciales politizadas.
Al condicionar la estabilidad laboral de las y los juzgadores a la realización de elecciones, abre la posibilidad de que estos prioricen decisiones que agraden a sus futuros electores o a los grupos políticos, económicos y/o sociales que les respaldan en lugar de tomar decisiones correctas y apegadas a derecho.
Todo va en detrimento de consolidar un sistema de justicia sólido. Los magistrados de Mónica Soto van en contrasentido del Consejo de la Judicatura. Se atribuyen una independencia técnica, pero responden a los juegos convenientes de las cúpulas partidistas.
Los resultados están a la vista con la opinión de Felipe de la Mata y desde este momento los magistrados ya se encuentran en un proselitismo abierto para no quedar fuera de la selección en los próximos meses.
Ya se verá.
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