El doctor Félix Cerezo Vélez juró ser el más fiel y férreo defensor de los derechos humanos en el estado de Puebla, actuar en contra de los atropellos de las autoridades, sin embargo, la frase que dice “el poder los hace iguales”, lo convirtió en un transgresor.
¡Vaya cinismo!
El tepeaquense decidió aplicar la máxima del “gandalla no batalla”, y antes de terminar su periodo el próximo 7 de noviembre 2024, el presidente de la CDH Puebla solicitó, sí, lo leyó usted bien, él mismo solicitó al Congreso del Estado ser ratificado 5 años más como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH).
El Oficio
“El oficio CDHP / PR / 202 / 2024, suscrito por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, José Félix Cerezo Vélez, por el que solicita ser ratificado por cinco años más por el Honorable Congreso del Estado de Puebla si mediar convocatoria”. Únicamente le faltó agregar en su oficio que sea directo y sin escalas.
Transgresor del proceso
Con esta acción, Félix Cerezo Vélez busca que se evite y anule una convocatoria abierta para otros interesados y que participen en el proceso de evaluación y finalmente asignación. Mejor dicho, el defensor de los Derechos Humanos pisotea el derecho de otros aspirantes, busca con un plumazo y un oficio quedarse cinco años más en ese mismo puesto, donde su actuar ha dejado mucho que desear.
Este personaje busca con la complicidad de algunos diputados ser ratificado por cinco años sin mediar convocatoria.
Le corrigen la plana
La diputada local, Laura Artemisa Chávez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, le corrigió la plana al Ombudsman, al tiempo de recordarle que sí habrá un proceso y se difundirá una convocatoria, e indicó que Félix Cerezo podrá participar como todos quienes aspiren a ocupar el cargo. La legislatura se debe apegar al proceso legal y habrá convocatoria.
Malos antecedentes
La CDH Puebla fue multada este 2024 por su negativa a divulgar información relacionada con la queja presentada por las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López contra el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y la alcaldesa Irene Olea Torres, lo que fue interpretado como una obstrucción de la justicia desde la comisión garante de los derechos individuales de las personas, el actuar fue parcial y en beneficio de los funcionarios municipales.
La sanción económica fue impuesta por la autoridad judicial penal encargada del caso, y será cobrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de una retención.
Nos leemos pronto.
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