La reciente aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura federal para extinguir al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y sus homólogos estatales ha encendido un debate intenso sobre la conveniencia de eliminar estos organismos autónomos.
A primera vista, la noticia podría parecer un golpe a la transparencia y el acceso a la información en México. Sin embargo, detrás de esta medida se oculta una realidad que muchos prefieren ignorar: los vicios profundamente enraizados y la onerosa carga que estos institutos representan para el erario público.
Durante años, el INAI y los organismos estatales han funcionado como los guardianes de la transparencia en México. Pero ¿realmente han cumplido con su cometido?
Basta con echar un vistazo a las calificaciones absurdamente altas que otorgan a partidos políticos y figuras públicas notoriamente opacas, como el PRI, que milagrosamente ostenta un 100% en transparencia en la plataforma del INAI.
¿Ahora resulta que la cúpula priista, liderada por “Alito” Moreno es un ejemplo de transparencia? Este tipo de maquillajes burdos no hacen sino socavar la confianza pública en estos organismos.
A esto se suma el elevado costo de mantener a flote estas instituciones. El presupuesto del INAI en los últimos 9 años llegó a alcanzar los mil 98 millones de pesos año.
Los sueldos de los funcionarios de primer nivel son ¡exorbitantes!
¿Qué le parecería si le digo que uno o una comisionada del INAI cobra actualmente 162 mil pesos mensuales? ¿Que tenían contratados seguros de gastos médicos mayores, vales de despensa, seguro de separación individualizado, apoyo para automóvil y gasolina, para servidores públicos con altos mandos?
¿No que nadie debería ganar más que el Presidente?
Y mientras los ciudadanos luchan día a día por salir adelante, estas élites disfrutan de privilegios que, en muchos casos, no se justifican. ¿Es necesario seguir manteniendo estas estructuras costosas cuando los resultados son, en el mejor de los casos, cuestionables?
La desaparición de estos organismos autónomos podría significar una oportunidad para redirigir esos recursos hacia áreas donde realmente se necesitan, como la salud, la educación o la seguridad.
El dictamen aprobado propone que las contralorías y otras instancias de control interno asuman las funciones que antes desempeñaban los organismos autónomos.
Si bien esta medida puede generar escepticismo, también abre la puerta a una reforma profunda en la forma en que se maneja la transparencia en México.
Sin la carga de intereses creados y vicios ocultos, estas nuevas estructuras podrían, en teoría, ser más eficientes y menos proclives a la manipulación política.
Es cierto que cualquier cambio de esta magnitud implica riesgos, y será crucial que la implementación de estas reformas se haga con un verdadero compromiso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Pero no podemos seguir confiando en instituciones que, en muchos casos, han demostrado ser más una fachada que una herramienta real de control ciudadano.
La desaparición del INAI y sus homólogos estatales, lejos de ser un retroceso, podría ser el primer paso hacia una transparencia real en México.
Una transparencia que no se maquille ni se venda al mejor postor. Una transparencia que, en lugar de servir a unos cuantos, realmente empodere a la ciudadanía.
El reto ahora será asegurarse de que las nuevas instancias encargadas de estas tareas no caigan en los mismos vicios de sus predecesores. Es un riesgo, sin duda, pero también es una oportunidad para limpiar la casa y empezar de nuevo.
Y si hay algo que este país necesita, es precisamente eso: una limpieza a fondo de las instituciones que deberían estar al servicio del pueblo, y no de sus propios intereses.
En este proceso, es fundamental mantener una vigilancia constante y una exigencia firme. La desaparición de estos organismos no debe significar el fin de la transparencia, sino su reconfiguración hacia algo que realmente funcione.
Porque si algo hemos aprendido, es que la verdadera transparencia no se mide en plataformas maquilladas, sino en el acceso real y libre a la información que importa.
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